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Cláusula suelo: ¿Europa dejará en evidencia a España?

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Pasó desapercibido durante muchos años: el procedimiento de ejecución hipotecaria en España incumplía las exigencias del Derecho de la Unión Europea. El legislador español diseñó un procedimiento que privilegiaba la posición de la banca. Si un cliente se retrasaba en el pago de una cuota del préstamo hipotecario, el banco le demandaba para quedarse con la vivienda hipotecada (y con un desorbitado derecho de crédito), pero el cliente no podía alegar cláusulas abusivas para defenderse. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su célebre Sentencia de 14 marzo 2013 (asunto C-415/11), declaró que el Derecho español incumplía las exigencias de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. No se ha reflexionado lo suficiente sobre el alcance de la Sentencia. De un lado, el procedimiento de ejecución hipotecaria generó un poderoso incentivo (entre otros) para inflar una burbuja inmobiliaria-hipotecaria cuyo pinchazo disparó las cifras de desempleo y pobreza en nuestro país; de otro lado, se produjo una vulneración sistemática del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la vivienda que aún no ha sido objeto de verdad, justicia y reparación.

El 9 de mayo de 2013, casualidad o no, apenas dos meses después de la citada Sentencia del TJUE, el Tribunal Supremo dictaba su esperada Sentencia sobre las cláusulas suelo. El Alto Tribunal concluyó que, pese al carácter abusivo de la cláusula suelo, no procede devolver a los clientes hipotecarios el dinero cobrado indebidamente por los bancos, exceptuando por vía jurisprudencial el régimen legal de la nulidad de las cláusulas abusivas. Una decisión que permitía a la banca, rescatada en su mayoría con dinero público, apropiarse de miles de millones de euros de los consumidores. Pero la historia no acaba aquí. El régimen de las cláusulas abusivas no es una cuestión de Derecho interno (español), sino que trae causa del Derecho de la Unión Europea. Resumiendo: cuando un tribunal de un Estado miembro toma una decisión sobre cláusulas abusivas, debe aplicar el Derecho de la UE. Por tanto, el TJUE se va a pronunciar sobre la decisión del Tribunal Supremo. Y resulta que el TJUE ha dejado claro en su profusa jurisprudencia que las cláusulas abusivas no pueden vincular al consumidor. Véase, entre otras, la Sentencia del TJUE de 30 de mayo de 2013 (asunto C-488/2011).

Muy recientemente, diversas fuentes han informado de que la Comisión Europea ha realizado observaciones escritas en uno de los asuntos pendientes de resolver por el TJUE, mostrándose en contra del criterio del Tribunal Supremo y, por tanto, a favor de devolver a los consumidores todas las cantidades indebidamente cobradas por la aplicación de cláusulas suelo declaradas abusivas. Se trata de una suerte de alegaciones o informe que para nada vincula al Tribunal. Sin embargo, el Gobierno español ha realizado observaciones para que la banca no devuelva el dinero, que, obviamente, tampoco son vinculantes.

¿Qué dirá el TJUE? El Derecho no es una ciencia, sino una sofisticada técnica del poder que regula una sociedad con intereses contrapuestos. Pese a que una de sus funciones básicas es la de dotar a las sociedades de certeza (seguridad jurídica), su capacidad predictiva en la resolución de conflictos en ciertamente limitada. Parece razonable prever, a tenor de las conclusiones de la Comisión Europea, del contenido de la Directiva 93/13/CEE y de la jurisprudencia comunitaria, que el TJUE dejará (otra vez) en evidencia a la Justicia española. Pero las presiones de la banca española, del gobierno español (que, como se ha dicho, ha presentado observaciones a favor de la banca; no en vano, el Ministerio Fiscal anticipó la decisión del Supremo sobre la irretroactividad) y de los acreedores (bancos centroeuropeos y otros “inversores”) son enormes.

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