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Cómo cortar las alas a los fondos buitres

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Miguel Á. Andrés || 19/9/15

La crisis económica ha motivado que las entidades financieras cedan amplias carteras de activos a entes o fondos de muy diverso tipo, créditos que no infrecuentemente están siendo reclamados en procesos judiciales. Entre los compradores de esos activos se encuentran los llamados fondos buitres. Los buitres son aves que se alimentan de carne muerta, de ahí que la RAE recoja como acepción de buitre a la persona que se ceba en la desgracia de otros. En efecto, estos fondos, con frecuencia de dudosa procedencia y naturaleza jurídica, se dedican a especular con los activos bancarios e incluso con deuda de Estados soberanos. A raíz de la crisis, los fondos buitres han comprado créditos que la banca concedió a empresas y particulares, aprovechando que las entidades financieras necesitaban liquidez. El lucro de los fondos buitres deriva de que los créditos son comprados a escala a un precio más reducido del que resultaría si, con posterioridad, son efectivamente cobrados a los deudores. La desgracia ajena como objeto de especulación.

Un fenómeno similar, aunque con matices, es el de la titulización hipotecaria, que no es otra cosa que la conversión de préstamos hipotecarios agrupados en instrumentos financieros a fin de venderlos y revenderos en los mercados, práctica que contribuyó a expansionar la crisis económica internacional. La titulización hipotecaria, en cualquier caso, es un fenómeno institucionalizado, en tanto que es objeto de una regulación jurídica especial y responde a estrategias financieras sistémicas de bancos e inversores. El legislador permite que los préstamos hipotecarios de Pepe y Paco sean empaquetados, vendidos y revendidos en mercados financieros internacionales; que los inversores apuesten a si Pepe y Paco podrán o no pagar la hipoteca; e incluso que el banco acabe recolocando los préstamos en forma de cédula hipotecaria a Antonio, quien creerá que está contratando algo parecido a un plazo fijo. En el gran teatro de las finanzas los acreedores pueden intercambiar sus papeles, pero el deudor siempre acaba siendo condenado. Mal reparto.

¿Es posible erradicar la espiral de la especulación crediticia que arroja a miles de familias hacia la exclusión social? A la espera de cambios normativos que reequilibren las relaciones entre acreedores y deudores, el Derecho vigente contiene herramientas suficientes para poner freno a las malas prácticas de los acreedores. Y es que el deudor no está del todo indefenso ante las cesiones de crédito. Existen numerosas normas (Código Civil, Código de Comercio, Ley de Crédito al Consumo…) que obligan a notificar al deudor la cesión del crédito, una obligación que las entidades incumplen por sistema. Si el deudor desconoce el cambio de titularidad, entonces no podrá ejercitar la facultad de retracto, esto es, de pagar la cantidad por la que el fondo buitre se hizo con el crédito y liberarse así de la deuda. He aquí uno de los instrumentos con más recorrido para evitar la especulación crediticia y, también, para oponerse a las sucesiones procesales, situaciones en la que el fondo cesionario pretende sustituir al banco en el proceso judicial.

La Administración de Justicia no puede convertirse en una agencia de cobro de fondos especuladores que, no infrecuentemente, incumplen los requisitos más elementales para operar en el tráfico económico. Ya hay precedentes judiciales que aportan algo de luz. Porque el Derecho puede y debe ponerse al servicio de la justicia.

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