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Descarga ya el borrador de Decreto-ley sobre cláusulas suelo y consulta nuestro análisis crítico

Ciudad de la Justicia, Málaga. Fuente: Wikipedia

Miguel Á. Llamas || 19/1/17

Ya puedes descargar el borrador del Decreto-ley al que hemos podido acceder (falta confirmación oficial sobre su veracidad). No tiene por qué ser el texto que finalmente apruebe el Consejo de Ministros mañana viernes 20 de enero, pero sí puede marcar las líneas generales.

Destacamos las siguientes deficiencias:

  • Es una norma de caso único que se aplica, en cierto modo, con carácter retroactivo, en el sentido de que pretende sustituir ad hoc los procedimientos de reclamación extrajudicial ya regulados, a fin de evitar procedimientos judiciales que están causando perjuicio a la banca.
  • La justificación del Decreto-ley reside en la necesidad de evitar que se sature la Justicia, cuando el problema fundamental es la falta de financiación de un servicio púbico esencial.
  • El sistema creado se caracteriza por la voluntariedad, dice la norma. El siguiente punto de la Exposición de Motivos es suficientemente esclarecedor: “El principio inspirador del mecanismo que se pone en marcha es la voluntariedad a la hora de acceder a un procedimiento de solución extrajudicial con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, sin coste adicional para el consumidor e imperativo de atender por parte de las entidades de crédito”. Pero esto es falso, como veremos, se está obligando en la práctica a reclamar en este procedimiento extrajudicial.
  • Se adoptan normas sobre la condena en costas con carácter especial y retroactivo que no pueden considerarse sino como una grave vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En suma: se pretende obstaculizar la vía judicial.
  • Igualmente reprobable desde los principios del Estado de Derecho es que se regule a posteriori el tratamiento fiscal.
  • El sistema de resolución extrajudicial lo crea la banca sin supervisión. En la práctica supone ampliar a tres meses el plazo que tienen para resolver las reclamaciones extrajudiciales. Llama la atención que una medida que pretende agilizar la reclamación suponga de facto la ampliación de la duración del procedimiento general.
  • El consumidor debe decir si está de acuerdo con el cálculo del banco. Algo verdaderamente sorprendente, porque las cantidades no son controvertidas. La nulidad supone que la cláusula no se ha puesto. Lo que se pretende es, probablemente, engañar a consumidores que no cuenten con el debido asesoramiento.
  • No se establece obligación de resolver en tres meses. Digamos que se establece un “silencio negativo”, algo que ya sucede cuando un consumidor acude al servicio de atención al cliente del banco solo que ahora el plazo es de tres meses en lugar de dos meses.
  • Quien ha escrito este borrador no ha leído ninguna sentencia en la materia: la norma condiciona la condena en costas al importe de la cantidad que figure en la sentencia, pero en la inmensa mayoría de los casos las sentencias declaran la nulidad y obligan a restituir las cantidades resultantes, sin que se especifique la cantidad, que se calcula en fase de ejecución.
  • Se condiciona la condena en costas a la presentación de reclamación por este procedimiento. No se trata, pues, de un procedimiento voluntario. El propio Decreto-ley miente en su Exposición de Motivos. Nada raro si tenemos en cuenta que el Gobierno siempre ha tratado de beneficiar a la banca en relación con las cláusulas suelo.
  • Se crea un limbo jurídico en el mes que transcurre desde la aprobación del Decreto-ley hasta que las entidades pongan el sistema extrajudicial en marcha.
  • La norma no garantiza la gratuidad de gastos notariales y registrales derivados de la eliminación de cláusula suelo.
  • No se garantiza la creación de un sistema de supervisión. La banca controlorá su propio sistema.
  • No se establece ningún régimen sancionador.

En definitiva, se trata de un borrador, pero si el Decreto-ley de mañana se aprueba en estos términos, estaremos ante uno de los mayores atentados no sólo contra la protección de los consumidores, sino contra el Estado de Derecho. El sistema es, en la práctica, obligatorio para el consumidor y voluntario y libre para la banca.

Descarga AQUÍ el borrador.

 

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