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Las nuevas leyes administrativas, ¿para qué?

Miguel Á. Andrés || demandamos.es

Calle Alcala

¿Cuántas normas tiene el Ordenamiento Jurídico español? En una época en la que se cuantifica casi todo, una pregunta tan aparentemente sencilla carece de respuesta. Los boletines oficiales publican prácticamente la totalidad de las normas. Los reglamentos administrativos son la tipología más abundante. Las derogaciones tácitas de las normas tampoco facilitan la labor de precisar cuántas normas están realmente en vigor. ¡Se audita todo menos el número de normas! Pareciera que el legislador –y las Administraciones públicas, que tienen potestad reglamentaria– crearan normas con la mera función simbólica de que los destinatarios perciban su actividad, como si la productividad del legislador se midiera exclusivamente por la aprobación de normas.

El Derecho administrativo es una rama del Derecho que nunca ha sido codificada (sistemáticamente ordenada en un único texto normativo o código), entre otras razones por su enorme volumen normativo. Pero sí existen una serie de leyes principales que, en cierto modo, codifican las materias más relevantes. Algunas de las más importantes han sido sustituidas en los últimos días de la legislatura pasada. ¿Qué leyes? Y, sobre todo, ¿qué aportan?

Una ley que ha marcado a varias generaciones de opositores, funcionarios y ciudadanos en general tiene los días contados: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, más conocida como la ley de procedimiento o simplemente “la 30/92”. Esta ley va a ser sustituida, desde el 2 de octubre de 2016, salvo que una nueva mayoría parlamentaria diga otra cosa, por dos leyes novedosas: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Lo primero que llama la atención es que unas reformas justificadas para agilizar y simplificar supongan la quiebra del principio de simplificación normativa. ¿Por qué hacer dos leyes en lugar de una?

No podemos entrar en detalle, pero sí esbozar unos breves apuntes. La nueva Ley de Procedimiento configura nuevos medios de representación, como el apoderamiento “apud acta”, y profundiza en la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con la Administración. Como una de sus principales novedades introduce el cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles. Destaca también la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, que tendrá un plazo máximo de resolución de treinta días, una previsión que a buen seguro no se cumplirá. En suma, pocas novedades y demasiada retórica.

Lo mismo puede decirse de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La novedad más relevante es el intento de poner orden y regular los convenios de las Administraciones Públicas, si bien da la impresión de que la problemática merecía una solución normativa más ambiciosa.

En consonancia con las doctrinas y modas internacionales que giran en torno al neo-gerencialismo, que no es sino la proyección del neoliberalismo en la gestión púbica, en una y otra norma el legislador parece sospechar de la Administración, como si fuese necesario justificar su perniciosa existencia frente al incuestionable mercado. Por ejemplo, llama la atención que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público exija que la Administración tenga que justificar que la actuación con sus medios propios es más eficiente que la contratación pública, y no al revés, máxime cuando la corrupción en España está sistemáticamente asociada a la contratación pública.

Finalmente, no puede dejar de citarse que el empleo público ha sido objeto de una nueva regulación: el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Una norma que pretende más sistematizar lo ya existente, conforme a su naturaleza de texto refundido.

Podría teorizarse sobre el valor simbólico del Derecho o, más certeramente, hablar de postureo normativo. Sería excesivo decir que las nuevas leyes administrativas no sirven para nada. Quizá sea más prudente afirmar que sirven para bien poco. Pero tampoco el exceso de retórica puede considerarse inocente: hay más ideología de lo que parece. Porque –no lo olvidemos– el Derecho es discurso, y las leyes no sólo atribuyen derechos y obligaciones: también prefiguran lo que pensamos.

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