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Secretos y mentiras de los planes de pensiones privados para parlamentarios

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Las declaraciones de Pablo Iglesias (28/12/2015) sobre los planes de pensiones privados de diputados y senadores han reabierto una polémica de interés general. El líder de Podemos ha pedido a los parlamentarios “que renuncien al plan de pensiones privado”, ya que considera injustificado que los ciudadanos los “tengan que sufragar con su dinero”. En una aclaración posterior, afirmó que “efectivamente existe ese plan de pensiones privado, y a ese plan hay que renunciar”.

Seguidamente, varios periodistas y políticos salieron al paso para informar de que esos planos ya no existían, acusando de mentir al líder de Podemos. Sin embargo, un examen mínimamente riguroso de la legislación vigente confirma que dichos planes de pensiones sí existen.

Sabido es que amplios sectores de la ciudadanía cuestionan en exceso la necesaria remuneración de los políticos, lo que puede desencadenar una peligrosa deriva antipolítica. Que los políticos cobren es un prerrequisito para que las personas con menos recursos puedan hacer política. En la Antigua Griega ya lo sabían (misthos). Sin embargo, la figura de los planes de pensiones privados tiene una especial trascendencia, ya que activa el falso mito de la insostenibilidad del sistema público de pensiones y, por su carácter complementario y privado, no puede percibirse sino como un privilegio injustificado.

Para comprender la problemática hay que remontarse a la legislatura pasada, cuando Alberto Garzón y Cayo Lara, diputados de Izquierda Unida, decidieron renunciar al plan de pensiones en un gesto que les honra. Tras la polémica suscitada, el 25 de enero 2012, las Mesas del Congreso y Senado acordaron suspender las aportaciones públicas a dichos planes. Llama la atención que este acuerdo no se encuentre publicado en el correspondiente boletín, tal y como han confirmado responsables de comunicación del Congreso de los Diputados. La única referencia pública sobre el citado acuerdo de 2012 es una nota de prensa, que puede consultarse aquí. Según esta nota de prensa, las Mesas del Congreso y el Senado acordaron “suspender la aportación de las Cámaras al plan de pensiones de los parlamentarios, en la línea fijada por el Gobierno en el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera”. Nada más se dice. Si acudimos al mencionado Real Decreto Ley, vemos que la suspensión de las aportaciones a planes de pensiones para el personal y cargos del sector público estaba limitada al ejercicio 2012. ¿Cómo es posible que un acuerdo de interés general no sea público? Su publicidad permitiría comprobar el alcance real y el ámbito de aplicación temporal de la suspensión de las aportaciones de las Cámaras.

En cualquier caso, cabe concluir que los planes de pensiones privados continúan existiendo, y que lo único que se ha suspendido es la aportación de las Cámaras. Los diputados pueden hacer aportaciones individuales y beneficiarse del resto de condiciones contractuales. Más aún, de acuerdo con lo dispuesto en el pliego, se creó “una oficina de atención al asegurado, cuya principal función será atender las consultas que le formulen los asegurados y beneficiarios del Plan”. Los contratos de los parlamentarios no son públicos, pero cabe deducir que las condiciones son ventajosas, ya que traen causa de un proceso de contratación pública de carácter competitivo.

Por otro lado, también los medios de comunicación erraron al informar de que los parlamentarios electos ya no podían contratar los planes de pensiones. Los nuevos parlamentarios pueden elegir si quieren o no contratar dichos planes. Así lo han confirmado los responsables de prensa del Congreso de los Diputados. El hecho de que Pablo Iglesias utilizara el verbo “renunciar” ha sido objeto de críticas, y ciertamente no aclara la cuestión. Renunciar, según el DRAE, es “hacer dejación voluntaria, dimisión o apartamiento de algo que se tiene, o se puede tener”. En tanto que el plan de pensiones es algo que se puede tener al ser parlamentario, ciertamente la posición de Podemos parece clara: sus parlamentarios no contratarán los planes de pensiones. ¿Qué harán los restantes parlamentarios? Iglesias sí debería haber remarcado que las aportaciones ya no son públicas, como también debió aclarar que los parlamentarios se siguen beneficiando de los planes de pensiones.

En efecto, los planes de pensiones privados siguen existiendo porque no se ha derogado el art. 16 del Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras Prestaciones Económicas a favor de los exparlamentarios, aprobado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión de 11 de julio de 2006. Tampoco las Cámaras han acordado el desistimiento del contrato con BBVA, entidad adjudicataria. Este contrato, por lo dispuesto en el pliego, tiene carácter indefinido, aunque tampoco es accesible al público. El desistimiento de este contrato público debería provocar la resolución de los contratos que firmaron todos los parlamentarios, siendo deseable que diputados y senadores restituyan las prestaciones cobradas, al menos las correspondientes a aportaciones financiadas por las Cámaras.

Parece haber consenso en que la política española ya ha cambiado. La ciudadanía no entendería que dichos planes continuaran existiendo. ¿Qué se puede hacer? Las iniciativas que los Grupos parlamentarios pueden llevar a cabo a partir de ahora son las siguientes:

  • Publicación del Acuerdo de las Mesas de Congreso y Senado de 25 de enero de 2012.
  • Publicación del contrato público con BBVA y los contratos de todos los parlamentarios.
  • Pronunciamiento de los parlamentarios electos sobre si contratarán dicho plan.
  • Derogación del artículo 16 del Reglamento de Pensiones para extinguir el plan de previsión social empresarial de los parlamentarios.
  • Desistimiento de las Cámaras en relación con el contrato suscrito con BBVA y consecuente resolución de los contratos que suscribieron los parlamentarios, con la devolución de todas las cantidades que hayan sido financiadas con dinero público.

En resumen, las palabras de Pablo Iglesias han desencadenado una serie de informaciones carentes del más mínimo rigor. Los periodistas deben hacer autocrítica: prefirieron enfatizar un error parcial de Pablo Iglesias antes que informar con solvencia a la ciudadanía. La nueva legislatura exige mayor rigor por parte de todos los políticos, pero también de los periodistas. Desde el portal demandamos.es enviaremos esta propuesta a todos los Grupos parlamentarios que se constituyan. Informaremos de las respuestas recibidas.

 

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